El matriminio gay no es la salvación pero sirve a los inmigrantes ilegales

El caso de Mónica y Cristina muestra la situación que viven muchas parejas homosexuales donde uno de los cónyuges es ilegal en Estados Unidos.


Mónica A. vuelve a pasear con tranquilidad por el barrio de Queens, en Nueva York, desde que un juez decidió hace unos días cerrar su expediente de deportación. El juez valoró positivamente el hecho de que la mujer de 36 años y de nacionalidad argentina tuviera "familia" y "lazos estrechos" en Estados Unidos.

El lazo estrecho de Mónica en Queens es su esposa Cristina O., una ciudadana de Estados Unidos con la que se casó en Connecticut en el 2010. Y aunque las dos mujeres han celebrado la decisión judicial se preguntan por qué Mónica no puede tener los mismos derechos que las mujeres extranjeras casadas con hombres estadounidenses.

Se trata de la primera vez que un juez reconoce "los lazos estrechos" de una lesbiana casada con una estadounidense y abre una vía para que todos los homosexuales en la misma situación puedan permanecer en el país. Sin embargo, sigue sin otorgarles los mismos derechos que tienen los matrimonios heterosexuales.
Los matrimonios entre personas del mismo sexo son reconocidos por los estados de Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, New York,y Vermont, y por el distrito de Washington pero no por las autoridades federales y por los agentes de inmigración.

"Mónica no será deportada y ahora puede empezar una nueva vida junto a Cristina, pero sigue sin tener permiso de residencia", explica a BBC Mundo su abogado, Lavi Soloway.

"Personas como Mónica quedan en un limbo legal ya que no serán deportadas pero tampoco tendrán permiso de residencia y de trabajo"

Erwin de León, experto en inmigración

Mónica llegó a Estados Unidos hace diez años, con un visado de turista y nunca más regresó a Argentina. "Es una mujer muy creativa y con mucho talento, con más vínculos en Estados Unidos que en su país de origen, pero que no tiene posibilidad de solicitar un visado o el permiso de residencia".

Durante una década Mónica vivió y trabajó en el país como restauradora de muebles sin poder legalizar su situación pero sin que nadie le pidiera papeles. En junio de 2009 ella y Cristina, una trabajadora social, habían alquilado una casa en Queens y estaban trasladando ropa y libros de la ciudad de Buffalo, al norte del estado de Nueva York, a Queens cuando una patrulla de frontera paró el autobús en el que viajaban y pidió la documentación a todos los viajeros.

Cada estado con sus propias reglas

"Mónica pasó tres meses en un centro de detención de Nueva Jersey y Cristina la visitaba por las tardes y se sentía impotente porque aunque es una ciudadana de Estados Unidos no podía hacer nada para ayudarla", indica su abogado.

Explica que la decisión de revisar expedientes de deportación como el de Mónica y cerrar aquellos que no sean "prioritarios" viene motivada por el volumen de casos que están abiertos en estos momentos: 300.000. "De hecho se calcula que en Estados Unidos viven 12 millones de personas con riesgo de ser deportadas, algunas casadas con ciudadanos estadounidenses o con hijos menores de edad que son ciudadanos estadounidenses".

La administración aprobó un memorando el 17 de junio que agiliza la deportación de inmigrantes sin papeles que han cometido delitos en Estados Unidos y apuesta por cerrar los expedientes de aquellos que siempre han respetado la ley y están integrados en el país.

"Me alegro mucho por Mónica y Cristina pero cerrar los expedientes de deportación de los gays y lesbianas casados con ciudadanos de Estados Unidos no resuelve su situación", indica Erwin de León, un experto en temas de inmigración y políticas públicas.

Los expertos en inmigración consideran necesario una reforma de la Ley de Defensa del Matrimonio.


"Personas como Mónica quedan en un limbo legal ya que no serán deportadas pero tampoco tendrán permiso de residencia y de trabajo, y seguirán teniendo muchos obstáculos para llevar a cabo trámites cotidianos".

De León nació en Filipinas y está casado con un estadounidense, y defiende la reformulación de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), una ley federal que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Esta ley permite que el resto de estados del país no reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en estados donde los homosexuales sí pueden casarse.
"La decisión de deportar o no deportar queda en manos de la arbitrariedad de los agentes de Inmigración y de los jueces, y de las opiniones que tengan sobre las parejas del mismo sexo", afirma de León.

El abogado de Cristina y Mónica opina lo mismo: "Defiende un caso similar al de Mónica pero en otro estado menos abierto que Nueva York y no sé si el juez será comprensivo con una situación de dos personas del mismo sexo y de dos nacionalidades distintas".

Evitar arbitrariedades

Gillian M. Christensen, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, asegura que para evitar decisiones judiciales arbitrarias la administración está organizando cursos de formación en todos los estados del país.

"La administración tiene el compromiso de priorizar los recursos y centrarse en inmigrantes sin papeles que hayan cometido crímenes o supongan un riesgo para la seguridad pública", indica.

El nuevo memorando incluye una lista de factores que se tienen en cuenta al cerrar el expediente de deportación, como "los lazos estrechos" con la comunidad, la edad, el hecho de tener un familiar enfermo o con alguna discapacidad, y el hecho de estar casado con un ciudadano estadounidense.

"La lista no hace referencia expresa a los matrimonios entre personas del mismo sexo, en un inicio se habló de la posibilidad de incluirlos", lamenta de León. "Aún nos queda un largo camino por recorrer".

Fuente: BBCMundo